El gas lacrimógeno debería estar prohibido. Esa es la principal conclusión de un estudio canadiense que, entre otros peligros, sostiene que puede contribuir a la propagación del Covid-19.


A pesar de estar prohibido desde hace décadas en las guerras internacionales, en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas, el gas lacrimógeno sigue siendo utilizado por los agentes antidisturbios y lo hemos visto en las recientes protestas en Hong Kong, Estados Unidos, Chile, Turquía, Nepal, Grecia, Francia, la India, el Líbano y Sudáfrica, entre otros, según consiga El Confidencial de España.

«En virtud del derecho internacional, todo uso de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley debe ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad, pero el gas lacrimógeno casi nunca se utiliza de conformidad con esos principios», denuncia Maija Fiorante, investigadora internacional de los Derechos Humanos en declaraciones de Science Alert.

La nota del diario español asegura que, investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) han demostrado en su estudio que el uso de gas lacrimógeno ahora mismo contra los manifestantes es especialmente preocupante, ya que afecta a los pulmones, igual que el coronavirus, y hace que la gente tosa violentamente, lo que podría propagar aún más el virus.

Al mismo tiempo, se ha comenzado un estudio sobre cómo la exposición a estas sustancias químicas podría afectar al embarazo.

Amnistía Internacional ha concluido que, en ciertos casos, el uso de gas lacrimógeno equivale a la tortura.