Pocos más de cuatro meses se cumplieron desde que el juez de garantía Ricardo Leyton decretó prisión preventiva a tres concejales y funcionarios del municipio de Iquique en el caso Luminarias, investigación del Ministerio Publico por corrupción en la licitación de un nuevo sistema de alumbrado para Iquique.


La tarde de este lunes el tribunal cambió medida cautelar a los tres concejales, funcionarios y exseremi de prisión a arresto domiciliario total, medida a la cual la fiscalía no se opuso argumentando que “la prisión preventiva también se pidió en su momento por considerar que la libertad de los imputados podía entorpecer las principales diligencias de investigación, y éstas ya se encuentran realizadas en estos primeros cuatro meses”.

En cuanto a la ampliación de la investigación se fijo en un año. El fiscal Gonzalo Guerrero indicó que aún faltan muchas diligencias que realizar, como es la extracción de la información de gran parte de los dispositivos incautados (de un total de 180, sólo se han revisado 50), el análisis de esa información extraída, el levantamiento de secretos bancarios, pericias contables y las transcripciones de las escuchas telefónicas, entre otras.

“Considerando además la situación de pandemia, el trabajo de la policía se ha hecho más lento, por lo que requerimos necesariamente un año más para poder reunir las pruebas necesarias”.

Los concejales y los funcionarios municipales están formalizados por cohecho, fraude al fisco, violación de secreto, asociación ilícita y lavado de activos.

En la audiencia dos concejales de Iquique, A.L. y M.C anunciaron que renunciarán a sus cargos en los próximos días.