CRISTIAN JAMETT*
El consenso de Washington elaborado por el economista John Williamson, constituye una síntesis de la doctrina político y económica del neoliberalismo triunfante de la guerra fría, el que establecía, entre otros aspectos, que para producir el crecimiento económico era necesario evitar cualquier tipo de regulación externa al mercado, ya sea mediante impuestos que redistribuyeran socialmente una parte de las grandes riquezas o un mayor gasto social, pues como sabemos el mercado tendría la propiedad de autoregularse.

El problema de este enfoque es que sacrificaba la redistribución fiscal de la riqueza (vía impuestos) frente a una ilusión de distribución espontánea en el mercado, conocida metafóricamente como “chorreo” y que en los hechos se caracterizó por una tendencia a la concentración cada vez mayor de la riqueza al no contar con límites a las ganancias.

En este contexto, el presupuesto 2015 anunciando por la presidenta Bachelet de 65.000 millones de dólares, se nos presenta a primera vista por fuera de este consenso, es decir, frente a una desacelaración estructural de las economías dependientes ahora existe la audacia de aumentar considerablemente el mal llamado “gasto social”, pues, en realidad se trata de “inversión” en educación, salud, vivienda, etc. En otras palabras, la presidenta Bachelet no quiere pasar a la historia como aquella que en su segundo mandato creó más empleos, sino como aquella que hizo más inversión pública.

Lamentablemente, la reforma tributaria presentada por la misma administración, consensuada con la élite económica primero y después aprobada en acuerdo con la oposición no está a la altura de una política presupuestaria de largo aliento, ya que la actual reforma tributaria no recaudará más 8.000 millones de dólares, cuando solamente para garantizar la gratuidad de la educación superior se necesitan 12.000 millones como lo señalará la fundación Progresa presidida por el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami a comienzos del 2014.
Chile aprendió, a partir de un alto costo humano, que no puede supeditar lo político a las contingencias de la economía, por el contrario, el Estado debe buscar la forma de intervenir positivamente además de garantizar un piso mínimo de derechos que permitan a la mayoría de la sociedad sobrellevar con dignidad periodos económicos menos dinámicos. Ahora es responsabilidad de la sociedad política promover una “política de Estado” en el ámbito presupuestario y que trascienda la voluntad del gobierno de turno y el sello personal que cada presidente quiera darle a su mandato durante 4 años, por ejemplo, como la que existe para el caso del financiamiento estratégico de las de las fuerzas armadas. De lo contrario el consenso de Washington seguirá operando por la inercia de los hechos, más que por su defensa pública.

*Cristian Jamett,
Director Fundación Progresa-Tarapacá