por Enrique Elgueta

Soquimich (SQM) está en medio de una tormenta de proporciones. Una investigación que partió como una arista del Caso Penta, tiene hoy a la sociedad controlada por Julio Ponce en medio de la polémica por boletas presuntamente falsas que habrían tenido como destino el financiamiento de campañas políticas. Pero, pese al viento en contra, la sociedad se sacó algo de presión gracias a una jugada hábil y que pone al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el centro del foco.

La compañía se blindó ante la Fiscalía al negarle la aportación de antecedentes necesarios para dilucidar las dimensiones que podrían tener las boletas en cuestión, optando por entregar los documentos al SII, institución hoy en la mira respecto a sus pasos a seguir. Esto, en virtud de la soterrada disputa entre el SII y el Ministerio Público por el futuro de la arista SQM.

La semana pasada, el organismo que dirige Michel Jorratt señaló que la información entregada por la Fiscalía era insuficiente para tomar decisiones sobre la investigación a la minera. La tensión entre ambas instituciones alcanzó su peak. Chahuán y compañía necesitan de una querella para requerir esta información a la sociedad, sin embargo, el SII ha optado por ir poniendo paños fríos a un caso que en un principio tenía entre sus principales involucrados a miembros de la oposición, pero que merced a la arista de SQM también ha salpicado a la Nueva Mayoría y llegaría hasta La Moneda.

Con este escenario, el directorio de SQM se reunió ayer para zanjar definitivamente si entregaba o no los libros de contabilidad a Chahuán, a pesar de que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ya había rechazado la semana pasada el recurso de Patricio Contesse, hoy ex gerente de la sociedad, quien buscaba bloquear el acceso a la información al Ministerio Público.

Esta vez, con el amparo de un informe legal elaborado por el abogado Gabriel Zaliasnik, la sociedad ratificó las intenciones de Contesse al no entregar la documentación al Ministerio Público, pese a que en paralelo el ex gerente de la compañía recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de dicho juzgado, pidiendo que se detenga por completo la investigación del Ministerio Público.

Un abogado que sigue de cerca el caso cree que SQM optó por el camino más cercano a conseguir que el SII canalice por la vía administrativa su situación, evitando así que se judicialice. Sin embargo, fuentes cercanas a la minera indicaron que la empresa no se auto denunció y que dicha estrategia sería perjudicial, pues implicaría reconocer ilícitos cuando hay una investigación judicial abierta.

Pero la jugada era otra. La minera acordó entregar voluntariamente la información de sus libros contables desde 2009 a 2014 al SII, forzando a Jorratt a tomar dos caminos: una eventual acción judicial contra SQM o un posible procedimiento administrativo en el marco del llamado a la auto denuncia, hecho la semana pasada.

Esta última opción provocaría el congelamiento de la investigación del Ministerio Público y sería, de acuerdo a varios observadores políticos, el mejor escenario para La Moneda, donde yace la incertidumbre respecto del impacto político que tendría la revelación del financiamiento –y la (i)legalidad del mismo– desde la minera a los partidos de la coalición gobernante.

SQM dejó en claro los motivos por los que entregó la información al SII y no al Ministerio Público. “SQM confirma su voluntad, manifestada desde la fecha indicada, de poner tal información a disposición del órgano competente y que, conforme con lo dispuesto en el Código Tributario, tiene la facultad para solicitar y revisar tal información y para interpretar y aplicar las leyes tributarias vigentes en el País”, indicó la empresa en un comunicado.

Una decisión que fue cuestionada por Ciudadano Inteligente, que la vio como una obstrucción a la justicia. “La información entregada por SQM al SII no es más que la simulación de una colaboración que en realidad no existe. La Fiscalía es la institución que está llevando la investigación y solicitó los antecedentes tributarios, sin embargo, aún no tiene respuesta por parte de la empresa. Claramente se aprecia una intención de obstrucción a la justicia”, sostuvo su director ejecutivo Pablo Collada.
LAS RAZONES DEL “NO” A LA FISCALÍA Y EL INFORME QUE NO FUE

La decisión del directorio por solicitar una opinión jurídica respecto de su proceder ya venía anticipada por una ardua polémica. En SQM son dos las principales fuerzas que se enfrentan por su propiedad: Julio Ponce, quien gracias a un pacto con Kowa controla hasta el 34% de la compañía; y Potash Corporation (PCS), sociedad canadiense que por estatutos solo puede poseer el 32%.

Los representantes de PCS eran de la idea de entregar la información, lo que causó un duro enfrentamiento con el resto de la mesa y que motivó la salida de José María Eyzaguirre de un Comité Ad Hoc que se había constituido por esta coyuntura. Sin embargo, se impuso la posición de Ponce y el resto de los directores elegidos por él –entre ellos Juan Antonio Guzmán y Hernán Büchi–, de contratar un informe en derecho independiente, pese a que sería financiado por un directorio controlado por el presidente de SQM.

Así fue como entonces fueron contratados los servicios de Gabriel Zaliasnik, un abogado conocido por Ponce, considerando que, en el marco del Caso Cascada, el profesional representa a Roberto Guzmán Lyon, amigo personal del controlador de SQM.

Quienes tuvieron acceso al contenido del informe, sostienen que éste se centra en varios puntos, pero primordialmente en que el Ministerio Público exorbita su ámbito de competencias legales y, así, si SQM se acoge a su llamado podría estar saneando un “vicio legal”. Además, si la Fiscalía accede ilegalmente a la documentación, ésta carecería de todo valor al no considerarse como prueba lícita.

De ese modo, reconoce como única autoridad competente al SII y sostiene que, de entrometerse el Ministerio Público en el ámbito del Servicio, se trabe la contienda de competencia ante la Corte Suprema, en virtud del artículo 7 del Código Tributario.

Por otro lado, trascendió que éste no sería el único informe sobre el cual podría haberse pronunciado el directorio, pues el Comité Ad Hoc había solicitado otro al bufete Puga Ortiz, sin embargo –por razones que este medio no pudo dilucidar–, no llegó a puerto.
LA PELOTA LA TIENE JORRATT

La jugada de la empresa que controla Ponce le pasó la pelota al SII. Jorratt ha sido públicamente presionado a explicar por qué no ha denunciado a SQM luego de que el Ministerio Público le presentara los antecedentes que, a su juicio, ameritan evaluar acciones legales para que la Fiscalía siguiera investigando.

Sin embargo, el propio Jorratt y el subdirector jurídico del Servicio, Christian Vargas, señalaron la semana pasada que los antecedentes que les entregó el Ministerio Público eran insuficientes para determinar –según sus estándares– si había clara presunción de delitos o no como para iniciar alguna acción legal.

Al mismo tiempo, existen dudas en cuanto a si el Ministerio Público tenía tanta convicción de los hechos investigados, porque aún no ha tomado testimonio a las 19 personas que aparecieron en la lista de boletas emitidas a SQM y que tendrían algún vínculo con políticos de Gobierno y oposición. La carpeta investigativa hasta las últimas semanas no revela nuevas diligencias de los fiscales en el caso.

Con todo, teniendo en sus manos la información contable de SQM, el Servicio recibirá ahora la presión pública para que decida qué camino tomar. Esto, con una serie de rumores en cuanto a que el Gobierno habría ejercido presión sobre Jorratt para que no estimule el avance de la investigación del Ministerio Público, dadas las complejas consecuencias que podría tener en el ámbito político, lo que ha sido desmentido por La Moneda y el propio Jorratt.

Un abogado que sigue de cerca el caso cree que SQM optó por el camino más cercano al conseguir que el SII canalice por la vía administrativa su situación, evitando así que se judicialice. Sin embargo, fuentes cercanas a la minera indicaron que la empresa no se autodenunció y que dicha estrategia sería perjudicial, pues implicaría reconocer ilícitos cuando hay una investigación judicial abierta.

Una posibilidad que surge de la decisión de SQM es que, a partir de mañana, el Ministerio Público pida al SII que le entregue la documentación que la empresa le negó. Sin embargo, en ese caso el SII podría no entregarle estos antecedentes, dado que el Servicio no ha presentado una acción judicial para el período en cuestión (2009-2014) y, eventualmente, podría recurrir al artículo 35 del Código Tributario que regula el secreto tributario.

Otra fuente cree que el Ministerio Público no puede pedirle la información y sólo le resta esperar que el SII determine si corresponde alguna acción judicial. En la misma línea, advierte que a los fiscales no les corresponde presionar públicamente al SII a que adopte alguna decisión al respecto, pues el Servicio es autónomo para tomar sus decisiones.

Ayer, los medios especulaban sobre el interés de Jorratt por bajar los decibeles a la disputa con el Ministerio Público a través de una reunión que habría tenido con la Fiscalía, sin embargo, ello fue descartada por esta última.
LA PARTIDA DE UN HISTÓRICO DE SQM: PATRICIO CONTESSE

La tormenta que azota a SQM no ha sido gratuita. Ya cobró su primera víctima con la salida de Patricio Contesse González, quien durante 25 años se desempeñó como gerente general de SQM y fue sucedido por Patricio De Solminihac.

Pero varias fuentes que conocen cómo opera la dupla Ponce-Contesse advierten que no hay que leer su salida de la gerencia general como un quiebre entre ambos. “Acá lo que sucedió es que se sacrificó un alfil para salvar al rey, Contesse no se va a ir en contra de Ponce”, explica una fuente que los conoce bien. Añade que Ponce valora lealtad antes que nada y afirma que Contesse “no se va a convertir en Hugo Bravo”, en referencia al ejecutivo del Grupo Penta que terminó siendo el responsable de que los controladores del holding terminaran en prisión preventiva.

Patricio Contesse es un hombre clave para Julio Ponce, que ha estado junto a él desde la década de los ochenta. En julio de 1979, el actual presidente de SQM fue designado gerente de Empresas Corfo, donde habría terminado de cimentar su alianza con Contesse, aunque sus lazos comienzan antes.

Contesse fue asesor de Ponce en los dos últimos años de éste como director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entre 1978 y 1979, porque necesitaba a un ingeniero que hablara inglés, idioma que Contesse manejaba porque había tenido en el Grange parte de su enseñanza. En esos años, a Ponce se le acusó de rematar miles de hectáreas expropiadas por la Reforma Agraria y convertirse, así, en propietario de numerosos fundos.

Pese a ser ingeniero forestal de profesión, Contesse emigró al área minera. Primero fue nombrado subgerente general de Enacar, haciéndose cargo de la filial Schwager, al tiempo que Ponce tomaba la gerencia de las empresas Corfo en 1979. Dos años después, Contesse asumió la vicepresidencia ejecutiva y la gerencia general de Soquimich.

El 23 de agosto de 1983, Julio Ponce tuvo que renunciar a la presidencia del directorio de Soquimich, donde estaba desde 1981, debido a fuertes conflictos de intereses. ¿Quién se hizo cargo de la empresa cuando Ponce se sumergió? Contesse, lo que no fue obstáculo para que asumiera también como gerente general interino de CAP y vicepresidente ejecutivo de Codelco entre 1984 y 1987.

A fines de la dictadura, según Poderopedia, ocupó la presidencia ejecutiva de la Corporación del Cobre. Ya está casi olvidado que fue él quien firmó “indemnizaciones especiales” y “a todo evento”, lo que fue motivo de escándalo en el gobierno de Aylwin, aunque el tema no pasó a mayores y Contesse emigró a una privatizada Soquimich como su nuevo gerente general a los 38 años de edad.

De acuerdo al informe de la Comisión Investigadora de las Privatizaciones que se emitió en 2005, que recogió los datos recabados por el perito judicial Rolando Godoy, la pérdida patrimonial para Corfo por haber vendido esta empresa fue de US$ 61 millones, porque los activos estaban subvaluados cuando se privatizó la compañía.

Con un estilo agresivo, estos ingenieros forestales –Ponce es seis años mayor que Contesse– transformaron a esta compañía que perdía US$20 millones y la llevaron a competir con los grandes del Hemisferio Norte, aunque sus resultados se han visto fuertemente deteriorados desde que se rompió el cartel que formaban Uralkali con Belaruskali y que produjo un desplome de los precios de los fertilizantes naturales.

Fuente El Mostrador