Asustémonos tabacalera dejará el país por nueva legislación antitabaco

Mientras en sus países sedes cumplen las normativas disciplinadamente, acá en Chile y en otros países del sur del continente las tabacaleras quieren manejar la reglamentación de la venta de los cigarros.
Ayer la Brittish American Tobacco, que manufactura en Chile los cigarrillos como Kent, Lucky Strike, Dunhill, Pall Mall, Belmont y Hilton, anunció que se iría de Chile después de las duras medidas aprobadas por el Senado en la llamada Ley Antitabaco.
La iniciativa obliga a las tabacaleras a cubrir el 100% de sus cajetillas con mensajes indicando los riegos de su consumo e imágenes alusivas y además prohíbe el uso de aditivos que lo hagan más atractivo, como vainilla y mentol.
«Tanto las operaciones de cultivo y procesamiento de tabaco en San Fernando, como en la viabilidad del modelo de operación de la fábrica que opera actualmente en la comuna de Casablanca, afectando a un significativo número de agricultores y trabajadores”, indica un comunicado.
“La Compañía ha tomado la decisión de comenzar el proceso de cierre de sus operaciones de tabaco en las regiones V, VI, VII y VIII, tan pronto esta legislación sea aprobada, iniciando además de manera inmediato una evaluación de la viabilidad de nuestra fábrica ubicada en la comuna de Casablanca, cuya complejidad de producción no se justifica con una comoditización del producto. Independiente de esta evaluación, la primera consecuencia de corto plazo será la reducción de al menos un 20% de los puestos de trabajo”.
Luego la Brittish American Tobacco asusta con el impacto en la recaudación fiscal del país así como en la comercialización ilegal de cigarrillos: “Estimaciones preliminares muestran que el efecto combinado de la prohibición de mentol y empaque genérico será de USD 400 millones de menor recaudación anual para el fisco, producto directo que estas exigencias tendrán en el ya creciente comercio ilegal de cigarrillos, el cual se ha cuadruplicado en los últimos años generando la aparición como nunca antes visto de mafias y crimen organizado”.
La tabacalera finaliza su “cuqueo» que el estado “deberá indemnizar a la industria por la expropiación de derechos consagrados en la Constitución”.