DAISY CASTILLO TRIVIÑOS/EL MURO

Consejeros regionales solicitaron a la Intendenta de Iquique, Claudia Rojas que interponga una querella contra quienes resulten responsables. Sin embargo, la Intendenta cercana a Rossi, estaría dilatando la medida.

 

En la Primera Región, es de público conocimiento que el senador Fulvio Rossi, preside la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Casa Abierta, que ayuda a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Sin duda, una loable labor, pero el problema es que la institución, según consejeros regionales de la zona, habría recibido dineros del Estado en forma irregular y hace un mes que esperan que la Intendenta, Claudia Rojas interponga una querella contra quienes resulten responsables del traspaso de recursos fiscales.

 

El tema no es menor, porque la Intendenta Rojas forma parte de lo que se llama el círculo de hierro de Fulvio Rossi (tal como lo ha informado este medio electrónico en artículos anteriores) y, de acuerdo a las fuentes consultadas por EL MURO, no se descarta que la máxima autoridad de Iquique “esté protegiendo al parlamentario y a su grupo de amigos” que forman parte del directorio de Casa Abierta, entidad que se habría visto beneficiada con $18.000.000 provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para financiar un proyecto de seguridad ciudadana, el mismo al que postuló, un iquiqueño de a pie que no tiene contactos, ni influencias políticas y se teme que exista tráfico de influencias.

 

Este escenario complica aún más el ya tormentoso panorama del senador, tras revelarse, recordemos, sus vínculos con SQM, en el marco de la investigación que sigue el Ministerio Público por el financiamiento irregular de campañas políticas. Ahora, en Iquique, se han comenzado a levantar nuevamente las voces en contra de la actuación del senador, Fulvio Rossi y de sus cercanos, en lo que dice relación con la forma en que sustenta su Corporación de derecho privado y sin fines de lucro, como se define a la entidad en sus estatutos.

 

El consejero regional del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Régimen Interno del CORE de Tarapacá, Rubén Berríos, uno de los denunciantes de Casa Abierta y a quien, extrañamente hace dos semanas se le sustrajo desde su vehículo su PC y disco duro con información de la región, contextualiza los hechos para entender que es lo que, puntualmente, está ocurriendo en Iquique. Al respecto, indica que, en marzo de 2015, el CORE votó a favor de la presentación de una querella criminal que solicitaron interpusiera el entonces Intendente, Mitchel Cartes –cercano al senador, Fulvio Rossi- contra los responsables de la entrega presuntamente anómala de recursos regionales a Casa Abierta. “Cartes se negó a presentarla y lo que hicimos, entonces, fue presentar una denuncia en forma independiente no como Gobierno Regional y se solicitó, además, a la Contraloría Regional que se pronunciara sobre el notable abandono de deberes en que habría incurrido el Intendente Cartes”.

 

Berríos explica que la Contraloría Regional revisó el acta de la votación realizada por los consejeros regionales y, lo extraño, es que interpretó que hubo un error de omisión al dar a entender que se pedía al presidente del Consejo Regional que presentara la querella, quien, todos saben, no tiene facultades legales para llevar adelante ese proceso. “En la primera sesión de octubre de 2015, se analizó el tema en la Comisión de Fiscalización y se redactó de nuevo la votación, indicando claramente y, aprueba de cualquier duda, que el Intendente presentara la querella. Se votó (13 a favor y una abstención) y la iniciativa se envió a la ahora Intendenta, Claudia Rojas”.

 

El consejero regional señala que sostuvieron un encuentro con Rojas para saber cuándo presentará la querella y la funcionaria de Gobierno les dijo que había solicitado un pronunciamiento a la Contraloría Regional y a su propio equipo jurídico y que “está a la espera de esa respuesta, pero hace más de un mes que no sabemos nada”. Berríos agrega que “lo más probable es que si ella (Claudia Rojas) se niega a interponer la querella, nosotros presentemos un escrito a la Contraloría Regional por notable abandono de deberes, al no respetar la decisión de un cuerpo colegiado como el CORE”.

 

Cabe señalar que el próximo 20 de noviembre sesionará en el CORE la Comisión de Régimen Interno, donde uno de los temas que se abordará será, precisamente, la falta de respuesta y la tardanza por parte de la Intendenta de la querella solicitada contra quienes resulten responsables de la destinación irregular de dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a Casa Abierta. En tanto, para el 24 de noviembre está fijado el pleno del Consejo Regional, cita en la que se podría discutir la eventual presentación en contra de la Intendenta, Claudia Roja por notable abandono de deberes.

 

A juicio de Rubén Berríos, la demora manifestada por la autoridad regional genera dudas, particularmente, por la cercanía que tiene con el senador, Fulvio Rossi. “Es hasta natural que ella tenga esa actitud, porque todos sabemos que para ser Intendenta de una región, es imposible llegar al cargo si no tiene alguien que la patrocine, que la apoye, presente y recomiende. Todos sabemos que a la Intendenta Claudia Rojas la patrocinó el senador Rossi”. Agrega que “es natural que tenga el sentimiento de proteccionismo hacia alguna situación que pudiera ir en contra de quien la instaló en el cargo, pero nosotros tenemos las instancias legales de exigir que cumpla con las funciones para las cuales fue electa y si ella representa al Consejo Regional y le corresponde representarlo en instancias jurídicas es en todas y no en algunas. Esperamos que la Intendenta se atreva a cumplir con su deber”.

 

La autoridad de Iquique precisa respecto de los $18.000.000 adjudicados a Casa Abierta del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que el monto es una gran cifra para la zona. “Acá hay juntas de vecinos, clubes del adulto mayor, clubes deportivos que tienen $2.500.000 de presupuesto para todas sus actividades en el año, mientras que, en este caso, una entidad tan poderosa como una Corporación de un senador se lleva esos recursos. Por eso, estamos en esta parada de llegar hasta las últimas consecuencias para verificar si esos fondos fueron entregados en forma legal, o derechamente, de manera irregular como es nuestra tesis”.

 

La polémica ONG “social”

 

El Ministerio de Justicia certificó que a dicha ONG “se concedió personalidad jurídica, mediante Decreto Supremo N° 3780, de fecha 1 de diciembre de 2004”.

 

En el acta de constitución de la Corporación de Desarrollo Social y Cultural (Fojas 1.792-806), del 13 de febrero de 2004, se consigna que la directiva está conformada por: Fulvio Rossi (presidente), Irina Rossi (vicepresidenta y su hermana, a la vez), Gabriela Hip (tesorera) y Olaya Carrillo (secretaria). En calidad de directores figuran: Juan Pablo Ortuño, Julio Volenski y Luigi Ciocca (primo del senador Rossi y actual Seremi de Gobierno de la Primera Región). Además, los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas son: Jaime Hip, Wenceslao Unanue y Pedro Contreras e integran el Tribunal de Disciplina: René Madariaga, Aurelio Chung  y Luis López.

 

En los estatutos de la institución se establece que la entidad tendrá una duración indefinida y que el número de socios no puede superar los treinta. “La Corporación tendrá por finalidad u objeto, la promoción del desarrollo humano, social y cultural y la rehabilitación y readaptación social, especialmente, de las personas, familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza y/o marginalidad económica, social y cultural”.

 

Respecto del margen de acción de la ONG Casa Abierta, hay que señalar que éste es bastante amplio, al punto que una fuente de la Nueva Mayoría, asegura que “parece un conglomerado empresarial”. En los estatutos se plantea expresamente que la entidad “podrá realizar sus actividades en educación, cultura, capacitación, trabajo; salud; vivienda; medio ambiente; desarrollo comunitario; micro-empresa; pequeña producción; consumo popular; derechos humanos; comunidades indígenas y deportivo-recreativo, en lo urbano y rural”.

 

Cabe consignar que los mismos estatutos establecen que, precisamente, para conseguir esos objetivos, “la Corporación podrá realizar encuentros, seminarios, simposios, cursos y eventos. Crear y administrar Centros de Estudios y de Investigación, bibliotecas, Centros de Documentación y base de datos”. Asimismo, “crear, sostener y administrar centros abiertos, jardines infantiles, hogares u otros similares, de niños, jóvenes y ancianos, hospederías, policlínicos y centros comunitarios”.

 

A esto se suma, la atribución de “editar, imprimir, distribuir folletos, boletines, revistas, periódicos y libros y, en general, producir y hacer uso de todo tipo de medios audiovisuales para la promoción de sus iniciativas. Otorgar atención profesional especializada, individual y grupal, asesorías y transferencia tecnológica”. Y, también, “promover la organización y participación ciudadana en sus diversas formas o niveles. Asociarse en forma transitoria o permanente con otras instituciones nacionales, internacionales o extranjeras, que persigan fines análogos”.

 

En lo documentos internos de formación de Casa Abierta se precisa que “se podrá suspender al socio que se atrase más de sesenta días en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para con la Corporación, suspensión que cesará, de inmediato, al cumplir la obligación morosa”. Eso, sí, no se indica cuál es el monto que los socios tienen que cancelar.

 

En el artículo vigésimo segundo se señala que “los miembros del directorio desempeñarán sus funciones en forma totalmente gratuita, sin perjuicio de las remuneraciones que puedan percibir por su función profesional en la Corporación o instituciones pertenecientes a ésta”.

 

Los fondos estatales

 

La polémica que se reinstala en la Primera Región, por estos días, tiene que ver con los dineros del Estado que recibe la Corporación de Desarrollo Social y Cultural, montos que no son, en todo caso, nada de despreciables.

 

Según fuentes de la Nueva Mayoría consultadas por EL MURO, uno de los temas preocupantes es, por ejemplo, que Casa Abierta, “logró adjudicarse una subvención directa del Gobierno de Sebastián Piñera”. En este sentido, cabe señalar que la Resolución Exenta N° 862 (20 de noviembre de 2013), deja de manifiesto la celebración de un Convenio de Transferencia de Recursos (4 de noviembre de 2013), entre el Gobierno Regional de Tarapacá –representado por su Intendenta, Luz Ebensperger- y la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Casa Abierta, representado para todos los efectos por Fulvio Rossi Ciocca. Se trata de un proyecto de asistencia psico-social personalizada a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de Alto Hospicio por un monto de $18.000.000

 

La información en detalle se encuentra en: (http://goretarapaca.gov.cl/transparencia/resoluciones/2013/RESOLUCIONEXENTA0000862.pdf), donde se consigna que es una iniciativa que consiste en la realización de actividades de carácter de seguridad ciudadana.

 

En cuanto a este proyecto, en particular, existen serios cuestionamientos no en el uso de los recursos, sino a la forma en cómo se habrían adjudicado. Al respecto, el consejero regional, Rubén Berríos afirma que las dudas surgen, a raíz de lo siguiente: “No pensamos en qué se ocupó el dinero, eso puede estar bien, la duda es que, a nuestro parecer, la forma en que se recibió ese dinero no corresponde a la legalidad. En la propia Constitución se señala que ningún parlamentario puede firmar convenios o contratos con el Gobierno Regional y, en este caso, para poder recibir esos recursos se firma un Convenio y quién firmó por Casa Abierta fue el senador, Fulvio Rossi”. Agrega que “nosotros pensamos que ése es un motivo para cuestionar y, otro, es que la Corporación Casa Abierta, cuyo representante legal es Rossi, fue a un concurso donde compitió con “Juan Pérez” de la Junta de Vecinos “Los tres palitos”-metafóricamente hablando- y, obviamente, cuando un funcionario público ve que un senador de la República presenta un proyecto, puede haber tráfico de influencias, por ejemplo”.

 

Berríos explica, además, que “aparentemente dos consejeros regionales, que votaron a favor de la entrega de los recursos eran integrantes del directorio de Casa Abierta, entonces, puede haber negociación incompatible. Además, si un abogado que asesoró a la ex Intendenta, Luz Ebensperger, cuando entregaron estos recursos al senador Fulvio Rossi, recomendó o visó la entrega de dineros, puede haber responsabilidad funcionaria. Por eso, la querella es en contra de quienes resulten responsables por las posibles irregularidades que pudieron existir en la entrega de los dineros”.

 

Otra de las iniciativas adjudicadas y que, según fuentes de la Primera Región genera suspicacias y dudas en cuanto a su aprobación se refiere al Proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública” (FNSP14-AVIF-20), del 8 de octubre de 2014, por un monto de $43.757.853, suscrito por la Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Senador Fulvio Rossi Ciocca.

 

Respecto de este proyecto, una fuente consultada señala que “este proyecto fue el único beneficiado en la Región de Tarapacá, entre otros participantes… ¿cómo puede competir en igualdad de condiciones una organización de la sociedad civil contra una corporación presidida por un senador?”.

 

Cabe señalar que este es el escenario que en Iquique enfrenta ahora el senador, Fulvio Rossi y frente al que no hay, por ahora, respuestas concretas ni aclaraciones de parte del parlamentario, ni de su cercana la Intendenta, Claudia Rojas. Las autoridades regionales, esperan un pronunciamiento concreto sobre estas denuncias.

 

*Esta nota fue publicada por el portal electrónico ElMuro.cl en su edición virtual de este viernes y se reproduce en www.elsoldeiquique.cl  con el permiso de sus autores.