Siete años de presidio mayor en su grado mínimo, una multa de 21 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, son parte de las sanciones que pide el Ministerio Público en contra de la ex candidata a concejal de Alto Hospicio, Neismy Toledo Riveros y su conviviente, por estafas reiteradas.

 

El abogado Juan José Sampson, querellante en la causa, indicó que el Ministerio Público presentó la acusación en contra de la ex candidata y su conviviente Gilberto Arredondo Zamora, por el ilícito de estafa, debido a que ofrecían la venta de terrenos en el sector de Autoconstrucción, entrega de actas y ejecución de trámites ante los municipios de Iquique y Alto Hospicio, por sumas que bordeaban los 15 millones de pesos, montos que las víctimas debían pagar durante pocos días o respaldarlos a través de cheques, todos los cuales fueron cobrados por la imputada.

 

Toledo captaba a los afectados a través de la oficina del ex concejal Ernesto Pérez, donde ejercía labores como secretaria, instancia que aprovechaba para ganarse su confianza. “Una vez que tenía en su poder el dinero de las víctimas, la acusada les decía que no se podría concretar el negocio de venta del terreno y no les devolvía los recursos. En uno de los casos, les entregó cheques de una cuenta de un tercero, que sabía de sobra que no tenían fondos, pues correspondía a un talonario al cual se le había dado orden de no pago por extravío”, sentenció.

 

Sampson señaló que durante el juicio, el Ministerio Público y los querellantes buscarán acreditar la responsabilidad de la imputada para que sea sancionada.

 

“No se trata sólo de estos casos que se revisarán en este juicio, sino que también existen otro cúmulo de denuncias en contra de Toledo, pues estafaba a la gente a través de transacciones de casas u ofreciendo inmuebles a través de comités de viviendas, que nunca vieron la luz. La fiscalía presentará casi una decena de testigos, peritos y hasta una carta que envió uno de los afectados al diputado Hugo Gutiérrez, denunciándole los hechos pues apoyaba a la candidata, pero nunca recibió respuesta de los hechos expuestos”, argumentó.

 

Fuera de la acusación presentada por la fiscalía, también el Consejo de Defensa del Estado, en otro procedimiento,  interpuso una querella en contra de Toledo y del ex edil Ernesto Pérez Fuentes por la responsabilidad que les cabe en la comisión del delito de uso de instrumento privado falso y de estafa al Estado.