Por el Profe HAROLDO QUINTEROS

El público apoyo de José Miguel Insulza a Pablo Longueira, y el espaldarazo que este gesto ha tenido de varios caudillos del Partido Socialista (PS. el partido de Insulza), de varios jefes más de partidos de Nueva Mayoría (NM), y, obviamente de toda la derecha, es la más reveladora fotografía que pudo tomarse la clase política chilena (digo “clase política” a sabiendas que algunos ortodoxos no aceptarán el término.

Creo, empero, que cabe perfectamente en el caso del grueso de los políticos profesionales chilenos). Aunque esta clase, por mandato de las leyes de la Historia, de seguro será transitoria, se presenta ante el país y el mundo entero en la forma de un match entre dos gladiadores que se disputan apasionadamente el gobierno del país, los hechos – lo único que cuenta en política y en todas las cosas de la vida – vienen demostrando irrefutablemente que tal match no es sino un “tongo,” y desde hace bastante tiempo.

Funciona, ni más ni menos, a la manera de las clases sacerdotales hereditarias de la Antigüedad, i. e., como un grupo de privilegiados que creen en el mismo dios y a los cuales los pueblos los veneran en periódicos ritos, como hoy son los actos electorales y sus campañas.

La legislación que enmarca nuestra sociedad ha sido elaborada en función de los intereses de la clase dominante en lo económico, la misma que hoy, mientras se dedica a lo que le da vida, los negocios, asegura su carácter dominante financiando horizontalmente a la clase política, la que le sirve a las maravillas para mantener un falso clima social de “paz,” “acuerdos,” “democracia,” etc., gracias al poder que el pueblo le otorga voluntariamente en las elecciones, aunque por suerte, cada vez con menos entusiasmo.

IMPERIO

Esto no sólo permite a los individuos que integran la clase política perpetuarse en el poder, sino, además, preservar indefinidamente el status quo vigente, el hasta ahora inamovible organum capitalista subsidiario neoliberal que fuera impuesto al país por el imperio estadounidense y la derecha nacional a través de una dictadura cívico militar que consiguió recuperar el poder del Estado en 1973 por la única vía que le era posible, la violencia. Esto sucedía cuando el avance de las libertades populares – que permitía a medias el modelo constitucional de entonces – había desbordado todos los límites y se acercaba a la estructuración de un orden económico nuevo.

En verdad, a pesar de su aparente perfil confrontacional, la clase política chilena actúa unida. Lo hace como un grupo compacto, cerrado, elitario y unísono cuando se trata de abordar los temas realmente claves. De hecho, en el concierto de las naciones capitalistas del mundo, ninguna de las reformas actualmente en curso en Chile, en materia tributaria, educacional, sanitaria o laboral, se acercan siquiera a las estructuras que en esos rubros caracterizan a los países capitalistas más conservadores.

Vale decir, las concesiones que de vez en cuando hace la derecha política nacional, no alteran las bases sobre las cuales se sostiene el sistema. Estamos, en estricto rigor, ante el más perfecto complexio oppositorum (opuestos que, al fin de todo, están unidos), concatenado en su interior por compromisos económicos con el sistema imperante del más diverso tipo y calibre, por el control que tienen sus integrantes sobre las burocracias de sus partidos políticos, por relaciones de nepotismo, amiguismo, y servilismos locales a poderosos caudillos de provincia que darían envidia a las peores dictaduras centroamericanas de los años 50.

Con gran precisión, como si fuera sido escrito con dedicatoria al caso chileno, el novelista y pensador estadounidense Donald de Lillo señaló: Quienes tienen el poder harán todo en secreto con el fin de mantenerlo y afianzarlo. Pues bien, la clase política nacional hace tiempo que exhibe esta oscura impronta. El más flagrante ejemplo lo grafica la reciente firma de la Presidenta de la República en el pre-acuerdo de aceptación por parte de Chile del Acuerdo Transpacífico (Trans – Pacific Partnership, TPP), pacto comercial que integra a Chile en calidad de satélite a una asociación internacional de comercio controlada sin contrapeso por Estados Unidos, con arreglo a sus intereses y condiciones.

TPP

Si el TPP fuese tan conveniente para Chile, como alega el gobierno y la derecha (vale decir, la clase política nacional), ¿por qué durante meses se realizaron secretamente conversaciones entre Chile y Estados Unidos, antes que se firmara el pre-acuerdo, sin conocerse su texto ni en lo más mínimo? Además, ¿por qué la entrada definitiva y formal de Chile al TPP será próximamente sometida al voto del Parlamento –como corresponde legalmente hacerlo- sin información a la ciudadanía, a tiempo y completa, sin ningún examen crítico público, sin una consulta o encuesta popular que lo legitime, como se haría en cualquier país democrático?

Su próxima ratificación, obviamente, ya es un hecho, porque así ya lo ha acordado la clase política. No fue discutida seriamente en el país, y tampoco lo será en el Parlamento. Por cierto, todo esto ocurre sabiéndose que la mayor parte del país rechazaría el TPP si se aventaran con claridad y transparencia sus alcances.

Esto de la clase política de actuar a escondidas, cobró ribetes realmente dramáticos cuando nos impusimos de la distribución secreta e ilegal de dineros de SQM y otras mega-empresas a connotados líderes de Nueva Mayoría (NM) y de la derecha, para –hasta donde sabemos- el financiamiento de campañas electorales. Vale decir, estas platas se destinaban a prácticamente toda la clase política.

Esto, simplemente, revela un masivo dolo contra el Estado, tras la expedición fraudulenta de boletas de honorarios ideológicamente falsas al Servicio de Impuestos Internos. No obstante, revela dos cuestiones más graves aun: Primero, el colectivo compromiso que existe entre la clase política y quienes detentan y manejan el concentrado sistema capitalista imperante y, segundo, el conocimiento mutuo y cómplice que las dos grandes coaliciones tenían de su participación en un acto ilegal e inmoral.

En medio de este descalabro moral, justo ahora, surge Insulza quien, a la manera del Chapulín Colorado, pone su coraza de “panzer” en defensa de su afligido amigo y socio Longueira, acosado por la Justicia por ser el más conspicuo protagonista del delito señalado.

José Miguel Insulza, probablemente el más importante militante socialista (es, por cierto, el más conocido socialista en el exterior), entre otros panegíricos, definió a Longueira como un “estadista,” porque éste, en sus tiempos de corifeo mayor de la derecha, había demostrado “capacidad de llegar a acuerdos” con la ex – Concertación.

Esto es enteramente cierto, pero ¡vaya qué acuerdos!, tomados en secreto, sin conocimiento, escrutinio ni consentimiento de la ciudadanía. Recordemos, por ejemplo, el caso “MOP-gate,” un escándalo de corrupción al interior de dos gobiernos de la Concertación, que finalmente quedó en la nada, como igualmente quedaron en la nada los casos COPEVA, las indemnizaciones multimillonarias e ilegítimas que se pagaron a funcionarios de gobierno que no habían jubilado ni que habían sido despedidos, y los copiosos dineros, hasta hoy irremediablemente perdidos, que Alemania envió a Chile para ser entregados a los ex – exilados chilenos que se refugiaron en ese país. Y, bueno, mejor paro de contar.

Por entonces, la evidente moneda de cambio fue la salvada de Pinochet, un criminal que había caído en manos de jueces extranjeros para ser juzgado de acuerdo a Derecho Internacional. El gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con la intervención directa del entonces canciller Insulza, consiguió traer de vuelta a Chile al dictador, con la promesa formal de juzgársele, pero éste no pisó el estrado de ningún tribunal luego de inventársele una inexistente “demencia senil,” burda farsa que se transformó en el mayor bochorno que Chile pudo haber tenido en toda su historia judicial ante el país y la comunidad de naciones.

Como en un operático finale brillante, la lista de “felices” acuerdos signados entre los dos grandes bloques integrantes de la clase política nacional la vino a rematar Ricardo Lagos, quien, en septiembre de 2005, en calidad de Presidente del país, refrendó con su firma la espuria Constitución de 1980; por supuesto, con algunos arreglitos por aquí y por allá, para simular que en lo básico de su estructura ideológica seguía totalmente intacta. Muchos creyeron que este acto, más la salvada del tirano, tendría como efecto la aprobación popular de una nueva Constitución Política, o por lo menos, el fin del sistema binominal de elecciones. Por supuesto, nada de esto sucedió.

A propósito, hoy se habla de cambiar la Constitución de 1980, bandera que agitaba la flamante Concertación de Partidos por la Democracia en la histórica campaña del NO en 1988, como asimismo en la campaña electoral que llevó a la presidencia del país a Patricio Aylwin en 1990.

Hoy, el gobierno está proponiendo cuatro alternativas, entre ellas, en último lugar, la Asamblea Constituyente; en verdad, internacionalmente, el único expediente verdaderamente democrático para darse un pueblo una Constitución Política. Aunque explícita y horizontalmente muchos dirigentes de la clase política han manifestado su rechazo a la Asamblea Constituyente, por lo menos, se ha abierto una tímida puerta que permite llevar a la discusión pública su necesidad, lo que podría significar (¡albricias, por fin!) la muerte del engendro dictatorial de 1980, aún vigente . Atención, entonces: habrá que ser extraordinariamente firmes en llevar adelante esa alternativa, dado el viejo historial de engaños y promesas incumplidas a que nos ha acostumbrado la clase política.

Continuará mañana sábado…