Hace una semana atrás, se  discutió en el Parlamento una Ley de Fortalecimiento de Gobiernos Regionales que se esperaba hace muchos años, ley que se valora pero que no significa impacto efectivo en cada territorio, esta solo se materializa en una declaración de principios.

En relación a los desastres ambientales trascendidos, esta ley no contempla ninguna herramienta que permita a los GORES, abordar con sus propios recursos situaciones de emergencia, es decir no van a tener atribuciones de tener recursos en caso de crisis económica para ayudar a la gente en la región. Una vez más las regiones deberán continuar esperando de la caridad del Gobierno Central de turno, para ir en ayuda de su gente.

Lamentablemente, hace unos días se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la Ley de Fortalecimiento de Gobiernos Regionales, con un texto que no consideró a las regiones y que no significa efectivo fortalecimiento, ni contempla herramientas para ello. Esta ley, continuará su tramitación y será el turno del pleno de la Cámara de Diputados,  Se piensa que la situación de crisis en Chiloé y Queule es una instancia que deja de manifiesto que los Gobiernos Centrales de turno no ha sido capaz de resolverla en forma rápida y oportuna.

En este escenario, Iquique glorioso no queda  ajeno a esta situación, debido que al estar  al extremo del país, casi no existimos para el gobierno central, por otra parte, tenemos  poca representación parlamentaria, un senador que está siendo investigado, otro que está preocupado de su carrera política, un diputado que judicializa todo lo que se mueve y otro que tiene menos peso que una pluma, es así que se nos hace difícil presencia y una solución a los problemas,  si es que los tenemos, y vaya que los tenemos. Lo que sucedió en el sur del país también nos puede servir como referente de la tardanza en la solución al problema.

El día que la minería sufra algún problema o que nos llegue una marea roja como en el sur, como dice el dicho popular, “estamos hasta el perno”,  seremos olvidados por completo.

En este escenario se hace imprescindible,  que se contemple en el texto de la ley un traspaso de competencias real y efectivo, como también de servicios públicos de acuerdo a la realidad regional, que el destino de los recursos  se  decida en la  propia región y no que lo haga un grupo de burócratas desde sus oficinas en “El Estado Central”.

Esta ley nos hace seguir viviendo casi si fuese caridad y dependiendo del centralismo permitiendo que el 92% del presupuesto que se invierte en las regiones, lo administre «El Gobierno Central de Turno».

El Martillo: