La defensa de los 9 bolivianos, dos militares y siete funcionarios de aduanas, que se encuentran detenidos en Ia cárcel de Alto Hospicio buscará la absolución en los cargos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas, en la audiencia de juicio abreviado que se desarrollará este martes en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte.

Los alegatos que se realizarán a partir de las 09.00 horas de este martes, se podrían prolongar durante toda la mañana, instancia donde la magistrada Isabel Peña Cifuentes escuchará los argumentos del Ministerio Público, Aduanas y la defensa los 9 bolivianos que se encuentran detenidos desde el 19 de marzo pasado.

El procedimiento abreviado es una forma procesal alternativa a un juicio, donde el fiscal de la causa considerando los delitos investigados y las atenuantes concurrentes, solicita una pena que no excede los cinco años de libertad. Una condición es que los imputados reconozcan los antecedentes existentes en la carpeta de investigación.

En ese sentido, el abogado defensor de los imputados Claudio Vila, explicó que dicho reconocimiento no implica asumir una responsabilidad en los hechos registrados en la zona de Panavinto.

“Es la jueza que en virtud de los medios probatorios y de los alegatos que se concretarán, la que debe resolver y fundamentar su fallo. Nosotros buscaremos la absolución total de los cargos y que sean liberados inmediatamente, para lo cual expondremos prueba contundente de que los funcionarios estaban cumpliendo una labor mandatada por el Estado boliviano, que luchaban contra un delito transnacional como es el contrabando, lo que quedó reflejado con la querella que presentó la Aduana de Chile en contra de los camioneros que figuran como víctimas en la causa del Ministerio Público”, subrayó.

Un segundo escenario que puede enfrentar la defensa, es la condena de los bolivianos y en ese línea, se alegarán las atenuantes de irreprochable conducta anterior, colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos y además, la eximente de responsabilidad de haber obrado por celo de la justicia, que incluye a funcionarios públicos, particulares y que implica actuar por una razón justa.