Varias veces la juez de garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, bebió liquido para dar lectura a las 46 páginas del fallo que condenó a siete aduaneros y dos militares bolivianos a tres años y un día de presidio como autores del delito de robo con intimidación y violencia, además de una multa de $32 millones por contrabando y se decretó la expusion del país de todos imputados, además de la prohibiición del ingreos mal pais por 10 años y a los dos militares no ingrar a Chile por 20 años

El fallo de 46 páginas, fue leído íntegramente por la magistrada a petición de la defensa de los detenidos, realizando un detallado análisis de los medios probatorios y los hechos. En la resolución la jueza dijo que la legislación se aplica para todos los habitantes de la República y en el caso de los funcionarios bolivianos, no tienen la calidad de agentes consulares, por lo tanto, se encuentran regidos por la legislación chilena y no pueden valerse de alguna inmunidad especial.

También, desestimó la teoría de la defensa en torno a que se encontraban luchando contra el contrabando, aduciendo que la conducta mínima esperada es que se detenga al autor del delito, se incaute la carga y los aprehendidos sean puestos a disposición de la autoridad competente, lo que no ocurrió en este caso, acogiendo todos los argumentos presentados por el Ministerio Público.

Dado el rango de las penas fijada y que los acusados no tenían condenas previas, el tribunal les sustituyó su cumplimiento por la expulsión del país, al que no podrán ingresar por el plazo de 10 años en el caso de los funcionarios de aduana, y 20 años en el caso de los militares, existiendo un plazo de 30 días para ejecutoriar la sentencia.

Al término de la audiencia, el fiscal Hardy Torres, dijo que “estamos satisfechos con la sentencia, el tribunal ha compartido los planteamientos de la Fiscalía, ha valorado la investigación que hemos realizado, que ha sido seria y objetiva.

A su vez, Pablo Menacho, procurador general de Bolivia, quien estuvo presente en la audiencia, dijo que esperaban la sentencia y que estaba dentro de lo previsible. “Hemos escuchado cosas inverosímiles, como que la droga y el contrabando son bienes protegidos por la ley chilena. Además, se utilizó lo del paso fronterizo clandestino para condenarlos, cuando en realidad eso demostraba que los camioneros estaban cometiendo un ilícito. No puedo adelantar ningún criterio, vamos a conversar con la defensa, analizar el fallo y ver cómo se pagará la multa”.

El abogado defensor Claudio Vila, dijo que tras reunirse con los nueve detenidos, decidieron no renunciar a la posibilidad de apelar a la sentencia. “Seguimos sosteniendo su inocencia y que estaban cumpliendo un deber público. Analizaremos todos los aspectos del fallo, pero también debemos tener en cuenta factores humanos, el trato indigno que se les ha dado, están detrás sus familias y todo el pueblo boliviano. Ellos están tranquilos, con la certeza de que cumplieron un deber”.