“No se pudo”. Con estas palabras la ministra Paula Narváez (PS) explicó -en los últimos minutos del gobierno de Michelle Bachelet, a sólo instantes del cambio de mando- por qué no se había concretado el anunciado cierre de Punta Peuco.
La ex Presidenta Bachelet estaba decidida a dar una “señal política” por la vía de “que los principales rostros de la represión dejaran el recinto especial” para residir en una cárcel común: Colina I.

En las horas finales de su administración, Bachelet quería marcar “el fin de los privilegios” hacia represores como el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán, el brigadier en retiro y ex agente de la DINA Miguel Krassnoff, y el también ex DINA Raúl Iturriaga Neumann.

Su deseo se vio truncado -afirma el medio- debido al “boicot” de su ministro de Justicia, Jaime Campos, quien “se negó a firmar el decreto que ya llevaba la rúbrica de la Presidenta” y, “en una actitud que poco se explican sus colaboradores, entró en estado de rebeldía con la decisión presidencial”.

De acuerdo con la versión, el abogado radical tampoco firmó el indulto, ya visado por Bachelet, del ex frentista Jorge Mateluna Rojas, condenado por su supuesta participación en el asalto a una sucursal del Banco Santander en la comuna Pudahuel, en el año 2013; sentencia que es fuertemente cuestionada y que incluso inspiró una obra teatral del dramaturgo Guillermo Calderón.

Con todo, La Tercera consigna que “en el entorno del ex ministro sostienen que a sus manos nunca llegó físicamente un documento para la firma”, mientras que otros “no se explican (…) por qué el ministro habría cambiado de decisión, pues (…) estaba de acuerdo con el movimiento de los presos”.

La periodista de CNN Chile Mónica Rincón señaló en Twitter que la ex subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fries le confirmó “que el decreto de Punta Peuco fue firmado por la Presidenta Bachelet”, y que “no lo cerraba”, sino que “lo redestinaba para los presos no autovalentes o en situación de discapacidad”.