El tema de la denuncia de acoso sexual por parte de un funcionario público a una estudiante práctica, complica al Gobierno Regional de Tarapacá.

JCN/AV


El caso, que llegó a la justicia afecta a una joven estudiante de 18 años, que denunció que mientras cumplía sus funciones, un camarógrafo del gabinete de jefe regional tomó fotografías y al parecer grabó un video, mientras se encontraba en el baño.

El Gobierno Regional apartó al funcionario de sus labores tras ser publicada por radio Paulina la información. A través de un comunicado la Intendencia rechazó el supuesto acoso, cuando el tema ya estaba a punto der salir a la luz en otros medios de comunicación.

La acusación de la joven estudiante Catalina Peredo fue puesta en conocimiento del gobierno regional el pasado 10 de mayo, pero no hubo la rapidez para denunciar el hecho por parte de las autoridades. Ante este panorama, la estudiante denunció el hecho en la PDI.

BAÑO

La querella está en los tribunales, patrocinado por los abogados Enzo Morales y Matías Ramírez y en ella se relata los hechos. Peredo, de 18 años, el 10 de mayo, cuando los funcionarios de la Intendencia celebraban el Día de la Madre, ella fue al baño de las dependencias, en un momento notó que algo había en un tragaluz de la puerta, a lo cual en principio no le dio importancia.

“A continuación, mientras estaba cepillándome los dientes, a través del espejo volví a ver un objeto que me estaba enfocando desde la ventana, al fijar la mirada me percaté que era un celular de color negro, a través del cual estaban sacando fotografías y grabándome, al mirar con detención distinguí que en el brazo que sostenía el celular se apreciaba una manga de chaqueta color verde”

La estudiante identifica al camarógrafo Daniel Luna como quien la filma. Ella realiza la denuncia a su jefe directo y de ahí presentaron “una carta cerrada en la oficina de partes dirigida al intendente regional Miguel Quezada, a quien le entregamos esa misma mañana una copia de la presentación”.

“A continuación, se acercó a conversar conmigo, a nombre del Intendente, su jefa de gabinete, Lilian Plaza, quien me dijo que se iniciaría el protocolo correspondiente, ante lo cual DANIEL LUNA HIDALGO tenía únicamente 2 opciones, renunciar inevitablemente seria despedido inmediatamente.

Una hora más tarde, la misma jefa de gabinete -Lilian Plaza- cambió totalmente su parecer y ahora me ofreció como compensación cambiarme a otro departamento dentro del GORE, y si no aceptaba, me aconsejó renunciar a mi práctica, propuesta a la que me negué porque la encontré una humillación frente a la gravedad de los hechos de los que fui víctima. Le anuncié que iba a ir a denunciar los hechos a la Policía de Investigaciones”.

CORE

La Intendencia trató que el tema no salpicara la visita del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, durante la jornada del miércoles, los miembros de la Comisión de Régimen Interno del CORE Tarapacá, resolvieron recomendar al pleno solicitar que el Intendente Quezada y la titular del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAMEJ, Milca Pardo, se hagan parte de la querella en contra de quienes resulten responsables, sobre la denuncia que formuló ante la Fiscalía.

Una de las mayores críticas contra la lentitud para abordar el tema de las autoridades regionales, donde recuerdan que cuando en mazo del 2018, el excandidato presidencial José Antonio Kast fue agredido en la Unap, al día siguiente el mismo Intendente interpuso una querella en la justicia contra quienes resulten responsables del hecho.

POLITIZACION

El caso abuso o acoso, es un tema que los últimos gobiernos han rechazado en todos los tonos. Mientras el caso llegó a los tribunales, el oficialismo, en especial la UDI acusa que hay “politización”, ya que el involucrado está ligado a las campañas de políticos de derecha.

«Una nueva trama de sectores de izquierda. No le vamos a bajar el perfil al hecho, pero es evidente que se está mal utilizando una circunstancia muy delicada», sostuvo el diputado UDI Renzo Trisotti en una declaración al diario La Estrella de Iquique.


LOS INVOLUCRADOS EN ESTE CASO SON INVESTIGADOS, PERO LA CULPABILIDAD DEBE SER COMPROBADA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.