El poblado de Colchane a 3.500 metros sobre el nivel del mar, creado en 1978, a diferencia del vecino poblado de Pisiga Bolívar, en Bolivia, no cuenta con servicios como la energía eléctrica y un normal abastecimiento de alimentos y combustibles. Este hecho hace que los habitantes chilenos del sector acudan por caminos habilitados desde hace años entre un punto y otro da ambos países.

Hace unos días, el Ministerio del Interior ordenó cerrar esos paso entre Colchane y sus vecinos bolivianos con efectivos policiales. Según el alcalde Javier García Choque (RN), el Gobierno ni el gobernador del Tamarugal entregaron los motivos por el cierre los pasos entre las localidades altiplánicas.

Cabe señalar que Colchane no cuenta con electricidad las 24 horas del días, en cambios sus vecinos de Bolivia desde el año 2005. Además Pisiga Bolivia, cuenta con un amplio sector comercial, donde los pobladores chilenos acuden a comprar gas licuado, mucho más económico, medicamentos, alimentos y otros insumos, que en el lado chileno no se cuentan.

Para el concejal Isidoro Challapa (FA), esto es grave que se corte la comunicación de comunidades que tiene lazos familiares desde mucho antes que existiera la frontera.

“Se puede decir que nos cerraron el lugar por donde nosotros transitamos, siempre había patrullas (carabineros) siempre se pasaba con mercancías y gas. Resulta que ahora lo cerraron definitivo. La semana pasa el Gobernador no nos dio una explicación bien contundente”, indicó el concejal Challapa.

Ante este panorama el alcalde de Colchane, Javier García Choque, manifestó su preocupación y anunció que presentará un recurso judicial para revertir la medida del Gobierno.

“Claramente nuestras comunidades pertenecen a la comunidad aymará, que tiene una forma de vida particular que es muy diferente a las divisiones geopolíticas que se dispusieron con posterioridad a la existencia del pueblo aymara”, precisó el alcalde García.

El jefe comunal indicó que se seguirá apoyando a la comunidad para presentar un reciprocas de protección a la Corte de Apelaciones por incumplir al convenio 169 del OIT. Además estamos generando asistencias de conversación con el Gobierno.

“De hecho ya he tendido conversaciones con el gobernador, el intendente y la senadora Luz Ebensperger. Y así vamos a ir buscando vías de solución y para poder restablecer y no cortar este nexo que tiene las comunidades aymaras del sector”, añadió.